Prevención y limitación de riesgos.

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La Ley 21/1992 es fundamental en el ámbito de las instalaciones de seguridad industriales. Como marco general que sirve para el posterior desarrollo de los reglamentos de los distintos tipos de instalaciones tiene un artículo, el 10, de vital importancia. Se titula como la entrada de esta anotación “prevención y limitación de riesgos” y está formado por tres puntos fundamentales.

1- Las instalaciones, equipos…deben ajustarse a los reglamentos de seguridad.

No por obvio debe dejar de estar. Por supuesto que cuando se hacen las leyes y reglamentos se hacen para obligar a los objetos en el ámbito de aplicación a ser cumplidos.

2- En caso de riesgo grave, tras una inspección, la administración competente podrá tomar medidas entre las que puede estar la paralización total o parcial de la actividad, hasta que se corrijan las deficiencias.

Ya he hablado en muchas ocasiones de la labor de inspección llevada a cabo por las administraciones públicas a través de sus funcionarios adscritos a servicios de ese tipo, o mediante convenios firmados con organismos de control habilitados según R.D 2200/1995. No obstante además de fijar tu atención en el término “inspección” quiero hacerlo en “riesgo grave”. Quiere esto decir que tras una inspección el funcionario puede proponer la paralización de una actividad (algo que puede resultar muy importante para una empresa) si es posible que exista un riesgo grave para la seguridad y salud de las personas, bienes o medio ambiente.

3- La administración podrá acordar la retirada, incluso la destrucción, de productos industriales que no cumplan los reglamentos.

Este último punto, que como el anterior se repite en la redacción de multitud de reglamentos de seguridad, faculta a la administración competente a tomar medidas de una importancia y un calado sobresaliente. Para pequeñas producciones puede no parecerlo, pero no me imagino el quebranto que tiene que suponer para un industrial que destruyan una producción que te ha costado obtener varios cientos de miles de euros.

Por supuesto, todas estas medidas no eliminan la protección que el resto del régimen jurídico nos aporta. No puede ser que un funcionario desequilibrado tenga el poder de hacer lo que le venga en gana en cualquier momento. Un funcionario no puede entrar en Citroen y ordenar la destrucción de la producción de uno o dos días.

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